Ley de segunda oportunidad, beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho y deudas públicas

Ley de segunda oportunidad, beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho y deudas públicas

La exoneración del pasivo insatisfecho se introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Dicha norma vino a modificar lo previsto en el apartado 2 del artículo 178 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal con el objetivo de contemplar la condonación de las deudas insatisfechas por el deudor persona natural cuando el concurso concluía por liquidación y siempre que se cumplieran los siguientes requisitos.

No obstante, este régimen fue modificado a través del Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, y la Ley 25/2015, de 28 de julio, que introdujo la denominada segunda oportunidad o ´fresh start’ dotándola de mayor regulación normativa.

A pesar de las medidas novedosas que la norma introdujo y la posibilidad de que los deudores de buena fe puedan verse exonerados de su endeudamiento, ha sido un mecanismo poco utilizado en la práctica. Básicamente por dos razones: por la necesidad de liquidar todo el activo (¿qué deudor desea perder todo su patrimonio y, en concreto, su vivienda habitual?) y por la necesidad de tener que abonar el 25% de los créditos ordinarios (¿qué deudor llega con semejante capacidad de pago al juzgado?).

La regulación actual del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) se encuentra regulada en los artículos 486- 502 del Texto Refundido de la Ley Concursal, el cual, además, podrá verse afectado con la trasposición de la Directiva Europea 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones.

La cuestión de la deuda pública es la más polémica en relación al BEPI, por la defectuosa regulación del artículos 178.bis LC (Ley Concursal), la regulación “ultra vires” del TRLC (Texto Refundido de la Ley Concursal) y la pretensión de excluir la exoneración del crédito público en la futura Ley Concursal que trasponga la Directiva Europea, tal y como ya se ha adelantado en el Anteproyecto de Ley.

Hasta la sentencia 381/2019, de 2 de julio de 2019 del Tribunal Supremo encontramos disparidad de criterio en nuestros juzgados. Unos consideraban que no debían incluirse en el plan de pagos las deudas públicas porque su aplazamiento o fraccionamiento debía someterse a su normativa específica, mientras que otros consideraban que el crédito público debía incluirse en el plan de pagos sin perjuicio de que, una vez aprobado, debiera tramitarse su aplazamiento o fraccionamiento conforme a su normativa específica.

Con la sentencia del Supremo se expuso, con mayor o menor acierto, un debate importante cuando concluyó, sin ambages, que el crédito público no exonerado debe incluirse en el plan de pagos y pagarse conforme a éste.

A pesar de ello, el Texto Refundido de la Ley Concursal, lejos de recoger lo anterior, no ha hecho eco de estos criterios interpretativos del Tribunal Supremo. Muy al contrario, el artículo 491 TRLC dispone que los créditos públicos no se exoneran en ningún supuesto de BEPI, sea cual sea su calificación. Es más, el art 495.1 de la LC dispone de nuevo que los créditos públicos no están incluidos en el plan de pagos, y que deberán regirse por sus reglas propias de aplazamiento y fraccionamiento de pago.

La consecuencia de esta exclusión de los créditos públicos del plan de pagos es que no se podrá conseguir la extinción del crédito público por la vía de la exoneración definitiva prevista en el artículo 499 TRLC. Un fracaso normativo sin precedentes que abocará a los deudores tener que pechar con la carga de la deuda pública ad aeternum.

En definitiva, el TRLC obliga a que el deudor pague la totalidad del crédito público, también el calificado como ordinario y el subordinado, aunque consiga la exoneración definitiva del resto de créditos en principio no exonerables.

Ahora bien, aunque la Directiva no lo impone, sí aconseja, y de hecho se ha optado, por mantener la regulación de la exoneración también para el caso de personas naturales cuyas deudas no provengan de actividades empresariales (consumidores) ni tampoco exceptúa la deuda pública en su artículo 23 cuando cataloga una serie de créditos susceptibles no exoneración. Esto es, si bien no lo dice ad pedem litterae, el espíritu de la norma es claro: debe exonerarse.

Asimismo, los beneficios macro-económicos de la segunda oportunidad han sido enfatizados en reiterados estudios de organismos económicos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial.

Así las cosas, en caso de que en la trasposición de la Directiva europea se recoja mediante el trámite legislativo la no exoneración de deuda pública dicha cuestión deberá ser interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Por: Cristina Borrallo Fernández

 

 

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