Judicatura

Vivir en tiempos revueltos

Vivir en tiempos revueltos

Los últimos acontecimientos que hemos vivido han convulsionado toda la estructura de la judicatura en España, lanzando un torpedo a la línea de flotación del sistema democrático en sí mismo.

La separación de poderes o división de poderes es un principio político en el cual los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado son ejercidos por órganos del gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí. Esta es la cualidad fundamental que caracteriza a la democracia.

El hecho de que los bancos financien a los partidos políticos y éstos a su vez elijan las altas cúpulas del Poder Judicial, quien a su vez ha de deliberar sobre cuestiones que afectan a los intereses tanto de la banca como de los estamentos políticos es, en el mejor de los casos, un caldo de cultivo para poner en tela de juicio la independencia del poder judicial.

Un hecho clarificador de todo esto lo encontramos en la elección de los miembros del CGPJ, tema de rabiosa actualidad en la que la elección de dichos miembros se supedita a un pacto entre el PP y el Gobierno cual “intercambio de cromos” con la torpe maniobra de filtrar el nombre del presidente de dicho organismo antes incluso del de los vocales que son los responsables del nombramiento de dicho presidente… todo un sinsentido.

Y si no quieres taza, taza y media… nos enteramos de la existencia de WhatsApps de los senadores ‘populares’, en la que su portavoz, Ignacio Cosido, afirmaba que podían controlar “desde detrás” la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Con todo ello evoluciono de confuso, a perplejo, a indignado y de ahí a algo cuyo término aún no figura en el diccionario de la RAE.

No es por ello de extrañar sentencias del Supremo como la reciente en materia de gastos hipotecarios (IAJD). Recordemos que el propio Supremo, en una actuación inédita y, ante una sentencia de la sala 3 muy contraria a los intereses de la banca, decide someterla a revisión y opta en el pleno del día 5 de noviembre por “donde dije digo, digo Diego”, haciendo que el impuesto vuelva a recaer sobre el prestatario. Y no sólo en el contenido, también en las formas, lo que ha hecho el Supremo ha sido pegarse un tiro en el pie.

A cada acción una reacción. Ante esta conflictiva decisión del Pleno y en un plazo de horas sale al paso el poder legislativo anunciando a bombo y platillo, en la persona del presidente del Gobierno, la aprobación de un Real Decreto con carácter de urgencia. En rueda de prensa, el Sr. Sánchez “lamenta” la sentencia del Supremo y literalmente dice: “Queremos que nunca más los españoles paguen este impuesto y que lo pague el sector financiero”.

Se ha filtrado en varios medios de prensa la existencia de presiones por parte del ejecutivo al Pleno en forma de llamadas de varios ministros interesándose por la marcha de la votación, así como indicando la voluntad del Gobierno de sacar el Decreto Ley antes comentado, mensaje que pesó bastante en la votación y, si tenemos en cuenta lo ajustada de la misma, no es descabellado barruntar que sin estas presiones el resultado hubiera sido muy distinto. Es lo que se llama injerencia en toda regla, con cámaras y taquígrafos.

En el fragor del debate se llegó a emplear la expresión “así todos ganamos: tanto la banca, que se ahorraría el pago de 15.000 millones de euros de hipotecas concedidas hace años, como Hacienda, que no tendría que hacer frente a un coste de 5.000 millones para devolver el impuesto a miles de contribuyentes; como los propios clientes, que a partir de la reforma filtrada por el Gobierno a los magistrados no tendrán que asumir el tributo. Y a decir verdad los dos primeros puntos se cumplen con toda certeza, no así el último.

Y para ilustrarlo les pondré un ejemplo real: la primera hipoteca que se firmó en una notaría de Madrid tras la entrada del RDL 17/2018 fue concedida por Bankinter por un importe de 430.000 €. Dicha hipoteca estaba prevista ser firmada a principios de mes, pero dadas las circunstancias se suspendió y tras la sentencia y la aprobación del RDL se transmite al prestatario un cambio en las condiciones por el cual la comisión de apertura se establece en el 1% (es decir 4.300 €), que sobrecompensa los 3.225 € del IAJD-Impuesto de Actos Jurídicos Documentados- que asume la banca (0,75% de los 430.000 €). Otros cálculos indican que basta una subida de 0,10% en el diferencial para cubrir con creces el mismo impacto.

Personalmente me enerva la desfachatez con la que se ha llevado la jugada y el hecho de que se nos quiera calmar con un “a partir de ahora no volverán a pagar el impuesto y no creemos que la banca traslade el impacto que le supone al coste de los préstamos”.

Y tres cuartos de lo mismo sucederá con otra medida anunciada por megáfono, la reforma de la ley hipotecaria que contemplará que los gastos hipotecarios los asuma el banco, excepto las tasaciones. O es muy ingenuo quien nos transmite el mensaje o, lo que me preocupa más, cree que los ingenuos somos nosotros.

En resumidas cuentas, el resultado de toda esta jugada es que la banca salva los muebles, sin asumir un céntimo del impuesto pagado por los prestatarios hasta el momento, a partir de ahora asume los pagos antes comentados, pero con un mecanismo que los repercute, con casi toda seguridad ampliados, al prestatario.

El Gobierno se cuelga una medalla como aparente salvador de la causa, el término “Maquiavelo” ha de ser revisado a partir de ahora.

El poder judicial, ese ha sido el chivo expiatorio al servicio de la causa, y como iba a quedar tocado de todas a todas, pues que quede bien tocado, ya pasará el tiempo que todas las heridas cura, dirán algunos…

Y para rematar todo bien rematadito va Pedro Sánchez con el anuncio de la creación de la Autoridad Independiente para la Protección de los Clientes Financieros que supuestamente “protegerá los derechos de los consumidores en su relación con los bancos”, según sus propias palabras.

Y utilizo el término supuestamente porque no olvidemos que ha sido el propio Gobierno quien a través del Abogado General del Estado apoya los intereses de la banca en el tema del IRPH en Europa, o el mismo que hace muy poco tiempo volvió a defender los planteamientos en el Tribunal Europeo con el tema de la cláusula suelo, ese mismo que hace unos meses no aprobó la reforma de los gatos hipotecarios que cierto grupo político elevó y ahora ha corrido para modificarlo, que ya lo hizo con las acciones de Bankia, con el Real Decreto 1/2017 en el tema del suelo… temas todos ellos que han perjudicado a miles y miles de familias españolas, y el resultado de la intervención estatal ha tenido efectos prácticamente nulos para el consumidor, léase sin perjuicio para la banca.

Nunca la expresión meter la zorra en el corral, ha tenido tanto sentido. ¿Acaso no existía desde hace muchos años en cada entidad esa figura? Llámela Servicio de Atención al Cliente, o como prefiera, se constituyó como una figura independiente que debía vigilar por los intereses de los clientes y acabó siendo lo que es, un mecanismo del sistema para entorpecer y amortiguar esas reclamaciones. Entiendo que el hecho de que sus sueldos los paga la misma Entidad contra la que debe pleitear no es el motivo de ello.

Por último, quiero acabar este artículo de opinión dejando claro que no es más que eso, una opinión personal del que lo suscribe, quizás influenciada por el hartazgo que se ha instalado en nuestra sociedad, con la esperanza de cambiar algo en beneficio de las generaciones futuras.

Por: Eugenio García Avendaño