El impuesto a la banca para el sostenimiento del sistema de pensiones ¿Repercutirá a los usuarios de banca?
En los últimos meses hemos visto como el legislador ha intentado articular determinadas soluciones extrajudiciales para determinados comportamientos del conjunto de la banca española en relación con los usuarios, controversias como las de la cláusula suelo no han sido resueltas de manera definitiva ni satisfactoria.
Como especialista en derecho bancario siempre he mantenido que los problemas de la banca a la hora de comercializar determinados productos financieros tienen su origen en la liberalización del sector y el acogimiento de unas prácticas comerciales sin apenas limitación normativa al comienzo del año 2000.
Pues bien, dichos comportamientos comerciales tuvieron causa directa en multitud de factores, entre ellos, aquellos periodos en lo que las entidades vieron cómo sus márgenes se estrechaban, valga como ejemplo la fecha en la que comenzaron a comercializarse de manera masiva las participaciones preferentes y los productos de renta fija, 2009 en adelante, fecha que coincidió con la caída de los márgenes como consecuencia de la parálisis en la concesión de hipotecas.
La pregunta resulta es evidente, ¿qué ocurriría ante un aumento imprevisto de los gastos de dichas entidades por un impuesto no previsto?, no les quepa duda, será compesado entre sus propios usuarios.
En estas últimas semanas el Legislador viene advirtiendo, de hecho, anunciando como seguro, la tramitación parlamentaria de un impuesto que gravará a las entidades financieras, más en concreto los beneficios de estas, y ello con la intención de que las mismas contribuyan en mayor o menor medida al déficit de la seguridad social y por ende al sistema de pensiones.
Aquellos que nos dedicamos al sector del derecho bancario descontamos desde este preciso momento cómo dichas entidades no dudaran en repercutir dicho impuesto a los consumidores de dichas entidades, de hecho, en los últimos meses el beneficio de la banca se encuentra más en el devengo de comisiones que en la comercialización de productos financieros de inversión.
Por tanto, lo que un principio el Legislador considera un impuesto que la banca afrontará de manera “solidaria” (algo irreal para cualquiera que conozca el sector) puede convertirse en la excusa perfecta para que una empresa mercantil privada afronte el aumento de sus gastos operativos (no duden que así será considerado dicho impuesto) via aumento de comisiones.
La sensación en el sector bancario es de que “se les cambia las normas del juego”, alegación muy repetida entre todos sus profesionales, sobre todo en sus departamentos de asesoría jurídica; por lo que, desde el preciso momento en que se les repercuta un impuesto por el mero hecho de ser entidad financiera el mismo será repercutido a aquellos que utilicen sus servicios. Cabría plantarse por tanto si lo que el Legislador persigue no puede convertirse en la excusa perfecta que la banca lleva esperando en los últimos años para levantar sus márgenes de beneficio.
Corresponde al Legislador alcanzar soluciones de consenso con un sector que guste mas o guste menos es necesario, lo que no procede en opinión de este letrado es proveer de justificación a un sector bancario que se encuentra más necesitado que nunca de aumentar beneficios y que no dudara en repercutir a los consumidores dicho gasto. La ultima palabra, la veremos, por desgracia, en los Tribunales.
Por: Roberto López
