Volver a empezar: Ley de Segunda Oportunidad para personas físicas y autónomos

Volver a empezar: Ley de Segunda Oportunidad para personas físicas y autónomos

El Real Decreto ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social supuso la entrada en vigor de la conocida como “Ley de la Segunda Oportunidad” que ahora parece “despegar” en cuanto a su aplicación y eficacia. Aun así, no son muchos los afectados por un excesivo endeudamiento los que la solicitan, tal vez porque desconocen su mecanismo y requisitos para su aplicación, pues como muchos preceptos que derivan de la ley Concursal, no solo plantean dificultad de comprensión o pecan de ambigüedad, sino que recogen conceptos que los jueces deben interpretar, en este caso es lo que ocurre con el artículo 178 LEX de la LC. Debe señalarse que esta vía de escape legal, por la que se puede conseguir la exponeración del pasivo insatisfecho, para los emprendadores que han fracasado en su negocio o personas físicas sobreendeudadas, es muy habitual en el resto de Europa, sin embargo en nuestro país aún no es lo suficientemente conocida.

La ley de segunda oportunidad resulta una verdadera vía de salida para un deudor que de otra forma no se le permitiría nunca un “volver a empezar” sin que arrastren el endeudamiento de por vida, no solo ellos, sino que incluso pueda llegar a sus herederos, pues no está de más recordar que en nuestro derecho el deudor responde de las deudas con sus bienes presentes y futuros (artículo 1911 Código Civil).

El primer requisito para acogerse a la aplicación de la ley y que el deudor pueda consiguir una exoneración de sus deudas, es que el solicitante carezca de patrimonio, por lo que tendrá que demostrar que no posee ni bienes ni dinero o liquidez suficientes para hacer frente a todo su endeudamiento. Si bien el prestamo hipotecario sobre la vivienda o un local no se incluye de forma directa en la exoneración posible, lo que si se incluiria es la deuda pendiente que quedara despues de entregar la vivienda o sacarla a subasta.

El deudor debe presentar una solicitud ante el Juzgado de primera Instancia, el documento no es complejo, pero conviene ser ayudado por un abogado que pueda exponer al Juez la situación y circunstancias del afectado por el sobreendeudamiento.

Lo primero será  tramitar un acuerdo extrajudicial de pagos, esto es, antes de acudir a lo que será el verdadero concurso del deudor, este debera demostrar que ha hecho lo posible por llegar a un acuerdo con sus acreedores para organizar sus pagos bien aplazandolos o bien solicitandoles algunas quitas y que dichos acreedores lo acepten. Este proceso es tutelado por el juez, y el deudor, liquidará sus bienes y planteará un calendario de pagos para las deudas que tenga pendientes (dicho calendario no podrá superar los 10 años). Todo este proceso, podrá ser llevado a cabo junto a un mediador concursal, en caso de que no sea posible dicho acuerdo de pagos, es cuando se acude al Juez, para que se valore la situación del deudor ante las deudas.

Lo más importante para que se acceda a la exoneración de las deudas, incluso pudiendo llegar hasta el 100%, es que se trate de un deudor de buena fe, lo cual también debe ser interpetado en concreto y se traduce en una serie de requisitos que ha ido perfilando la jurisprudencia, en interpretación del artículo 178 LC. A saber:

  1. Que en el concurso no esa declarado cupable, es decir que el deudor no haya actuado ni con negligenci ni con dolo), en definitiva que no sea la actitud del deudor la que ha provocado la insolvencia.
  2. Que no tenga vigente condena penal por haber cometido un delito de tipo económico ( fraude de acreedores, apropiación indebida, estafa.. etc).
  3. Que en los últimos 10 años no haya acudido al beneficio de la Ley de Segunda Oportunidad.
  4. Que se hayan satisfecho los créditos contra la masa, y los créditos concursales privilegiados. Los primeros son los que se originaron después de la declaración de concurso (gastos de abogado, notario, etc). Mientras que los créditos concursales privilegiados son las hipotecas y las deudas o créditos públicos (Hacienda y Seguridad Seguridad Social).
  5. Que no se haya rechazado un oferta de trabajo en los últimos cuatro años siempre que dicha oferta sea acorde con la capcidad del deudor.

En principio, las deudas que no pueden ser objeto de “perdón” son las deudas Tributarias y de la Seguridad Social, lo cual suele suponer un problema para muchos autónomos que tienen pendientes liquiaciones tributarias o ante la SS, a las que no resulta posible hacerles frente incluso con aplazamiento de pagos, pero si que sería posible siempre una negociación con la Administración.

Además, una última sentencia del Tribunal Supremo, del Pleno de la Sala, la nº 381/2019 de 2 de julio, establece que nada obsta para que las deudas de estas insitituciones públicas puedan entrar en el acuerdo extrajudicial de pagos, y aplazarse por cinco años, con el visto bueno del juez, de forma que una vez avalados por el juez, dicho plan no puede ser revocado por interés de la Administración, o regularlo conforme a las normas administrativas. En este sentido, se avanza progresivamente con el fin de cumplir laf finalidad última de la ley, que no es otra que el deudor que cumpla los requisitos termine alcanzando la exoneración de la deuda restante, y se le permita empezar de nuevo, sin que arrastre de por vida una deuda imposible de saldar.

Por: Marisa Gracia