La nulidad del pacto de anatocismo en los préstamos con consumidores

La nulidad del pacto de anatocismo en los préstamos con consumidores

La cuestión acerca de la validez de los pactos de anatocismo en préstamos con consumidores, es un asunto que ha dado lugar a multitud de discusiones doctrinales, con opiniones de todo tipo y color. Debido a esta discusión, la tónica habitual en la práctica judicial diaria, era que los jueces y magistrados se mostraran reacios a declarar la nulidad de este tipo de pactos, tomando como base lo argumentado en la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2009, que reconoce la validez del pacto de anatocismo convencional: “El anatocismo pactado expresamente en el contrato de préstamo hipotecario se admite, como se deduce, a sensu contrario, del artículo 1109, primer párrafo, segundo inciso, del Código Civil y se desprende del principio de la autonomía de la voluntad, básico en el derecho privado y proclamado en el artículo 1255 del Código Civil y reconocido en el artículo 317, primer inciso, del Código de Comercio.”.

Sin embargo a base de insistir –y argumentar-, parece que poco a poco, esta tónica habitual va virando hacia una mayor predisposición de sus señorías a declarar nula estas cláusulas cuando se han incluido en un contrato de un modo poco transparente.

La primera Audiencia Provincial en “atacar” el pacto de anatocismo, fue la Audiencia Provincial de Zaragoza, en su Auto 328/2015 de 20 de julio, señalando que es un pacto excepcional que ha de adoptarse con la pertinente reflexión toda vez que mediante este pacto se convierte en capital lo que en principio no lo es. Debido a ello deberá ser sometido al doble control de incorporación y transparencia y si no los supera deberá declararse la nulidad de la cláusula. En este mismo sentido. La misma Audiencia ha venido reiterando su criterio en distintas sentencias, siendo la más reciente la de fecha 21 de febrero de 2019. También la Audiencia Provincial de Barcelona y la de Alicante se han pronunciado en idéntico sentido.

Pues bien, con estos antecedentes, en Red Abafi hemos conseguido que en dos procedimientos judiciales se declare la nulidad del pacto de anatocismo que constaba en sendos préstamos –uno personal y otro hipotecario-. Concretamente en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Castellón (especializado en cláusulas abusivas), de fecha 2 de septiembre de 2019, acogiendo los argumentos de la jurisprudencia mencionada, señala que dicha cláusula ha de ser analizada a través del doble control de transparencia. Es decir, del de inclusión o gramatical y del de transparencia cualificada o comprensibilidad real.

Con la prueba que consta en autos, el meritado juzgado ha entendido que no supera el doble control de incorporación y transparencia: por tanto, de conformidad con la jurisprudencia citada tratándose de una oferta vinculante firmada dos días antes de la firma del préstamo, sin que en ella constara la expresión clara del contenido y alcance de un pacto tal como el anatocismo, el alcance económico del mismo, debe concluirse la ausencia de transparencia cualificada pues es evidente que debía constar con claridad en la oferta vinculante y además de haberlo tenido que explicar con algún tipo de ejemplo concreto para que el cliente se hiciese una idea cabal del alcance económico de este pacto. Es evidente que, a la hora de firmar una hipoteca, cualquier prestatario entiende que al ir pagando mes a mes la cuota, la deuda con el banco debe ir reduciéndose. Por dicho motivo, una cláusula que suponga que a pesar de ir pagando hipoteca la deuda va a ir aumentando, debe ser especialmente explicada y entendida por el cliente, ya que supone una clara excepción al conocimiento general que tienen los clientes sobre las hipotecas.

En el segundo procedimiento mencionado, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Nules, declara nula la cláusula en la que constaba el anatocismo tras un procedimiento monitorio iniciado por la entidad bancaria contra el consumidor afirmando que tal y como pone de manifiesto la demandada, la misma no supera el control de incorporación, conforme al artículo 7 de la ley 7/1998, de Condiciones Generales de la Contratación. Dado el carácter esencial de dicha cláusula, afectando al precio o contraprestación del contrato, resulta de especial importancia que la misma sea conocida por el contratante en el proceso de formación de su voluntad, por lo que, conforme al referido texto legal, ha de entenderse que la misma se ha de tener por no puesta, pues dada su colocación marginal y oscura en vez de con carácter destacado en el texto, y dada la longitud y extensión de este tipo de contratos, debe presumirse, salvo prueba cualificada en contrario, que con semejante redacción el consumidor no tuvo ocasión real de conocer la existencia de la referida cláusula. Debido a la nulidad de esta cláusula la entidad bancaria no podrá reclamar en el procedimiento judicial los intereses ordinarios, es decir, únicamente tendrá derecho a cobrar el principal prestado.

Como vemos, este paulatino vuelco jurisprudencial supone un nuevo revés a la banca en materia de cláusulas abusivas, con incidencia directa en la cuenta de resultados de las entidades que utilizaran masivamente estos préstamos poco ortodoxos. Asimismo, supone un alivio “al bolsillo” de los consumidores que deberán pagar, únicamente, el precio justo por el préstamo que contrataron. Pensemos que en el primero de los casos expuestos, hubo una época en que se produjo la paradoja de que el consumidor, cuanto más pagaba de préstamo, en vez de amortizar capital más dinero debía a la entidad bancaria.

Por: Javier Gómez Boluda