Cláusulas suelo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) bloquea poner fin a las cláusulas suelo

Desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tuvo la brillante idea de crear los llamados juzgados especializados, que serían los encargados de enjuiciar las cláusulas abusivas de los contratos que contienen condiciones generales de la contratación, los consumidores, para variar, han salido perdiendo.

La injusticia que vienen sufriendo los clientes afectados por la cláusula suelo desde que se dictara la famosa sentencia de 9 de mayo de 2013 por el pleno de la sala civil del Tribunal Supremo, no tiene precio.

Todos aquellos que se atrevieron a demandar a sus bancos, antes del absurdo Real Decreto Ley 1/2007, aprobado por el Gobierno el pasado 20 de enero de 2017, que ha resultado ser otro fracaso, pues las entidades bancarias, siguen defendiendo las cláusulas suelo de sus préstamos hipotecarios, vieron con consternación como se premiaba a los que nunca habían reclamado y en cambio, a los que llevaban años batallando en los juzgados, sufragando el coste de abogados, procuradores y de tasas judiciales, viendo paralizados sus procedimientos durante años fruto de diferentes cuestiones prejudiciales planteadas, lo que han conseguido ha sido o que les anulen la cláusula suelo sin la devolución de cantidades, o les devuelvan las cantidades únicamente desde el año 2013 y en cuanto a las costas judiciales, en raras ocasiones han sido sufragadas por la entidad bancaria.

La falta de transparencia de las cláusulas suelo es lo habitual, y con la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016, parecía que, por fin, en el caso de que un tribunal considerara que la cláusula era abusiva, condenarían a la entidad a la eliminación de la cláusula y a la devolución de lo pagado de más por aplicación de la cláusula suelo. Presumiblemente, estimando la demanda en su totalidad, se condenaría en costas a la entidad bancaria y entonces sí, el ciudadano saldría victorioso en su hazaña al demandar a su entidad bancaria.

A partir de entonces, el mundo al revés; en vez de dejar que los procedimientos iniciados y que se iniciaran siguieran su curso, el Gobierno se ve en la necesidad de promulgar el Real Decreto Ley de 1/2017 que lo único que ha conseguido hasta ahora es dilatar todavía más los procedimientos y castigar al ciudadano que decidiera acudir directamente a los tribunales, omitiendo las directrices del Real Decreto. Casualmente, su incumplimiento no tiene ninguna repercusión para los bancos. Y para ponerle la guinda al pastel, el Consejo General del Poder Judicial se inventa unos juzgados especializados en cláusulas abusivas que tienen que implantarse únicamente en las capitales de provincia. Por ahora un único juzgado en cada capital de provincia. Teniendo en cuenta que un sector amplio de la población tiene un préstamo hipotecario, ¿Dónde está lo razonable de esta medida? El desbordamiento de los juzgados especializados, premia la actitud incumplidora de los bancos.

Sería encomiable que el Consejo General del Poder judicial pidiera disculpas a los ciudadanos y decidiera repartir los asuntos de cláusulas abusivas que se encuentran colapsados en un único juzgado de cada capital de provincia, entre los diferentes juzgados de instancia y por fin, los consumidores vieran satisfechas sus pretensiones.

Por: Cristina Muntañola Álvarez